Renovación del gabinete, la suspensión del mayor proyecto minero en la historia del país, conflictividad social: Ollanta Humala no vive semanas fáciles al frente de Perú.A casi cinco meses de asumir la Presidencia, el exmilitar nacionalista que había despertado todo tipo de temores en parte del electorado, reestructuró más de la mitad de su equipo ministerial.
El domingo cambió a diez ministros, incluido al jefe del gabinete, Salomón Lerner.
Lerner había renuinciado un día antes, luego de no poder solucionar la mayor protesta social en lo que va del gobierno de Humala, originada por el proyecto Congas, en la region de Cajamarca, en el norte del país.
Allí, la empresa estadounidense Corporación Minera Newmont –una de las mayores productoras de oro en el mundo– y la peruana Buenaventura planean realizar una inversión de US$4.800 millones, la más grande en la historia de la minería peruana.
Los manifestantes de la región de Cajamarca realizaron huelgas y cortaron carreteras porque aseguran que Conga "contaminaría y destruiría las reservas de agua de la región", pues la compañía prevé secar cuatro lagunas andinas y reemplazarlas con reservas de agua artificiales.
Tras violentos enfrentamientos con la policía, Humala declaró el estado de emergencia el 4 de diciembre y este martes desde Cajamarca ofrecieron clic volver al diálogo.
Para Perú –segundo exportador mundial de cobre y sexto de oro–, la minería es su motor económico y el 61% de las exportaciones pertenecen a ese rubro.
En conflicto
El auge económico del país en los últimos años, con las tasas más altas de crecimiento en América Latina, llegó de la mano de la minería.
Pero con ella se disparó también la conflictividad social.
Sólo en noviembre, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo, se registraron 220 conflictos sociales, 57% de los cuales eran socioambientales.
La situación no es nueva, varios de ellos los heredó Humala del gobierno de Alan García, bajo cuyo mandato las protestas sociales dejaron más de 100 muertos.
De hecho, las anteriores autoridades suspendieron este año otros proyectos mineros debido a las protestas de poblaciones locales y riesgos ambientales.
Con las promesas de campaña de Humala, el equilibrio iba a ser una de las claves de su gobierno: conseguir la armonía entre la consigna de mantener el rumbo económico de apertura, atender los reclamos sociales y proteger los derechos de las comunidades afectadas por proyectos mineros.
"La caída del gabinete producida por la crisis en Cajamarca –asegura el analista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi– expresa las diferencias y las tensiones de llevar adelante un crecimiento económico basado en las grandes inversiones con las promesas electorales de inclusión social".
Y las numerosas protestas, le dice el sociólogo a BBC Mundo, vienen de la mano de una "tradición fuertemente enraizada en la cultura política peruana".
La desconfianza hacia las mineras y hacia el Estado, generado en la falta de mecanismos para que las poblaciones opinen y deciden sobre grandes proyectos sacan a la gente a la calle, dice Panfichi: "A nivel de la cultura política del hombre de la calle, la protesta es el instrumento por medio del cual hacen la negociación y obtienen resultados".
Por su parte, el analista Santiago Pedraglio recuerda que tras "décadas de explotación minera, muchos sectores de la población no la ven beneficiosa, le temen a la minería".
El factor militar
El ahora exjefe de gabinete Lerner, amigo de Humala y empresario, fue reemplazado por quien ocupaba la cartera de Interior, Óscar Valdés, quien fuera instructor del presidente en la escuela militar, comandante del ejército y luego empresario.
Los cuestionamientos por una supuesta "militarización" del gabinete de Humala, quien en el año 2000 lideró una fallida rebelión militar, no tardaron en llegar.
Días antes el mandatario había dejado entrever que apoyaría el restablecimiento del servicio militar obligatorio, al asegurar que el modelo "voluntario" había fracasado.
"No hay crisis, sólo un reajuste", dijo Valdés al asumir. Y agregó que el gobierno no giraría "ni a la izquierda ni a la derecha" y recordó que las carteras de Defensa e Interior pasaron de estar en manos de exmilitares a civiles.
"Hay que ser muy cuidadosos con la calificación, con frialdad no se podría decir que estamos ante un giro derechista o autoritario –opina Panfichi–, pero existen signos preocupantes de una mayor rigidez, de mayor fuerza para restablecer el orden y esto podría generar una situación de irrespeto a los derechos humanos".
Consultados sobre qué debería hacer Humala para desactivar los conflictos, los analistas consultados por BBC Mundo ven la situación con dudas.
Para Pedraglio el presidente "no ha encontrado su ubicación en esta situación, esa identidad como gobernante, entonces salen reflejos militares, como el orden. Hay un grado de incertidumbre en el propio Humala sobre cómo manejar esto, porque eso va a definir el tipo de gobierno que va a tener".
Panfichi es de la idea que debe salir a relucir un Humala más político.
"Debería generar una política de respeto, de atención a las demandas de comunidades locales. Tiene que hacer mucha más política, sentarse a dialogar, escuchar, y ahí tengo un problema, la gran duda es si (Valdés y Humala) tienen esas habilidades de construir acuerdos para canalizar los conflictos".
