En Washington, activistas señalaron que el Gobierno padece de “desidia” y una ONG denunció retroceso en reparaciones civiles.
Washington (EFE). La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció este lunes un “grave retroceso” en la reparación a las víctimas del conflicto armado peruano, en particular, durante el segundo gobierno de Alan García.
“En el Gobierno anterior hubo un claro retroceso, en el que incluso llegó a ponerse en marcha una norma cuya vocación era la impunidad de aquellos que habían cometido violación de los derechos humanos”, alegó Gloria Cano, representante de la CNDDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 144º periodo de sesiones.
La ONG reconoció que ha habido avances en materia de DD.HH. con el nuevo Gobierno de Ollanta Humala, pero todavía hay carencias en cuanto a la reparación de víctimas y la represión policial en las protestas civiles.
Por otra parte, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, advirtió de la “grave” situación que sufren las mujeres en el país, y afirmó que Perú es la nación con el índice más alto de violencia sexual de Suramérica y el número 16 del mundo.
EL GOBIERNO RESPONDE
El ministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez, quien representó al Estado peruano durante la audiencia, expuso la nueva línea del gobierno en materia de derechos humanos, la cual recalcó jamás albergará ningún tipo de ley de amnistía.
Respecto a la reparación de víctimas del conflicto armado, Jiménez explicó las líneas generales de un nuevo plan, que, según añadió, ya amparará económicamente a más de 22.000 víctimas a finales del próximo agosto.
El ministro rechazó de plano las denuncias de los peticionarios sobre la represión policial ante las protestas ciudadanas, aunque puntualizó que en ese contexto, pese a que los ciudadanos peruanos son completamente libres de expresarse, no lo son de “atentar contra la propiedad privada”.
“En el Perú no está criminalizada la protesta, es un país libre donde los ciudadanos pueden protestar. Lo que no pueden hacer cuando ejercen el derecho a la protesta es invadir y ejercer daños contra la propiedad privada”, subrayó el ministro.
Jiménez explicó que uno de los principales objetivos de Perú es conectar los estándares internacionales en materia de derechos humanos con las políticas públicas, como algunos vecinos de la región, como México. Además, el ministro planteó una estrategia regional para combatir la minería ilegal, que consideró un problema en todo el continente.
DESIDIA DEL GOBIERNO
Otros activistas pro derechos humanos acusaron al Gobierno de “desidia” a la hora de facilitar información para que las violaciones de derechos humanos sean investigadas.
“El actual Gobierno ha mostrado signos positivos, pero en la judicialización ha habido una desidia muy grande”, criticó la investigadora Joe-Marie Burt, de la George Mason University, ante la Comisión.
En nombre del Gobierno, el procurador supranacional de Perú, Luis Alberto Salgado, respondió que el Ejecutivo emprenderá una “labor conjunta” con las asociaciones de víctimas para avanzar en la búsqueda de información sobre estos casos.
