La decisión de la guerrilla de las FARC de liberar a 10 integrantes de la Fuerza Pública colombiana que mantenían privados de la libertad hace 14 años y el fin de los secuestros extorsivos produjo reacciones variopintas: la felicidad de los familiares de quienes fueron plagiados, la cautela del gobierno y la clase política y las interrogantes sobre lo que puede significar este histórico paso en una guerra que ya completa cuatro décadas.
El alborozo de los familiares es inocultable: "Ya no veo a mis viejitos (los padres de los militares y policías secuestrados) llorando de dolor. Ahora, los veo llorando de felicidad", dijo Marleny Orjuela, la mujer que durante años ha luchado por la liberación de estos secuestrados y que fue escogida por las FARC para recibir a los que podrían ser los últimos hombres en estar encadenados en las selvas colombianas.
Pero la felicidad no ha ocultado las dudas que generó este inusitado anuncio.
¿Cómo debe responder el gobierno de Colombia a esta oferta?, ¿se les debe creer a las FARC?, ¿empieza a una nueva etapa de negociación en el largo conflicto colombiano?, y ¿cuál es la dimensión histórica de este anuncio?, fueron las primeras interrogantes que afloraron tras la declaración del grupo guerrillero, publicada en su sitio web.
Líderes de todas las orillas políticas se apresuraron a aventurar la respuesta que debería dar el gobierno colombiano.
Mientras el expresidente Ernesto Samper, de centro izquierda, sostuvo en su cuenta de Twitter que "la declaración de las FARC es un gesto de voluntad que pidió Juan Manuel Santos. El gobierno debe responder con generosidad", el también expresidente Álvaro Uribe no dudó en señalar el gesto como un acto "engañoso".
El presidente Santos optó por tomar un camino intermedio: valoró el anunció, pero les advirtió a los comandantes guerrilleros que este no es suficiente. "Valoramos el paso de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta", dijo el mandatario en declaraciones ofrecidas a través de su servicio de prensa.
No es suficiente
Analistas del conflicto colombiano, como el profesor Alfredo Rangel de la Universidad Sergio Arboleda, sostienen que las FARC deben ofrecer otros gestos tan audaces como proponer el fin de los secuestros extorsivos y la liberación de los soldados y policías que mantienen privados de la libertad.
"Es un anuncio con el que le apuntan a un diálogo, pero no es suficiente porque no se han cumplido todas las condiciones", dice Rangel, tras ser consultado por BBC Mundo. El analista asegura que la oferta válida sería declarar una tregua unilateral, incondicional y transparente o de lo contrario, la población colombiana seguiría siendo víctima de otros delitos, como el terrorismo, el reclutamiento de menores y otras extorsiones.
De hecho, los datos más conservadores indican que en la última ofensiva de las FARC, realizada en los departamentos de Cauca y Nariño, unas 15 personas perdieron sus vidas y otras 100 resultaron heridas. Además, el diario EL TIEMPO reveló que este grupo guerrillero y su par: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieron un pacto para apoderarse de la minería ilegal en el noroccidente de Colombia, lo que implicaría daños ecológicos no cuantificados.
Otros expertos anotan que será muy difícil para las FARC demostrar que no están involucradas en nuevos secuestros con fines económicos. "Hay muchos antecedentes que demuestran cómo las FARC les han fallado a los colombianos. En las negociaciones de La Uribe (1984) también habían propuesto el fin de los secuestros y no cumplieron", dijo a BBC el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria. "Se podrían camuflar en grupos de delincuencia organizada para seguir cometiendo este delito", añade Rangel.
Como si se anticiparan a este debate, las FARC advierten en el primer párrafo de su declaración sobre las descalificaciones que sufren sus propuestas. "Cada vez que hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida a los graves problemas políticos y sociales que origina el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación", dicen.
"Si las FARC esta vez cumplen su palabra, es un paso positivo en la reconciliación de los colombianos", sostiene, a su vez, el senador Juan Fernando Cristo, autor de la Ley de Víctimas, la cual busca compensar a quienes han sufrido las atrocidades del conflicto.
Histórico
El anuncio de las FARC llega en un momento difícil: justo una semana después de que los colombianos recordaran los 10 años del fin de la zona de distensión, es decir, de los 42.000 kilómetros cuadrados que el expresidente Andrés Pastrana les ofreció para iniciar unos diálogos que, al final, se frustraron porque el grupo guerrillero usó el área desmilitarizada para fortalecerse militarmente y cometer delitos, como el secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem.
"La realidad es que hoy por hoy no hay un clima propicio para abrir un espacio de diálogo con la guerrilla", dijo la periodista María Elvira Samper en su más reciente columna publicada por El Espectador.
Más allá de lo bien o mal que caiga la propuesta, el solo anuncio es histórico. El secuestro ha sido un arma usada por la guerrilla para buscar dos propósitos: financiación ilegal y una ley de canje con la que esperaban 'legalizar' el intercambio de los guerrilleros que se encontraban en las cárceles colombianas por los soldados, policías y políticos que ellos retuvieron en la selva. El Estado nunca concedió esa petición, ideada por los históricos comandantes Manuel Marulanda Vélez, alias 'Tirofijo', y Jorge Briceño Suárez, alias 'Mono Jojoy'.
Los datos de secuestros en Colombia, revelados el año pasado por Fondelibertad, señalan que en los años más cruentos de la guerra (1999 y 2000), unas 6.800 personas fueron privadas de su libertad. Algunas de ellas jamás regresaron a sus casas.
