La falta de acuerdo se refiere a los impuestos referentes a los resultados de Telefónica de Perú de los ejercicios 2000-2001, sobre los que la operadora estima que han tributado por el 51 % de los beneficios.
La reclamación proviene de las facturas no cobradas por Telefónica que la operadora no ha contabilizado en sus resultados, y la deuda oscilaría entre los 200 y los 600 millones de euros.
Si pagaran lo que reclama el Gobierno de Perú, señalaron las mismas fuentes, los impuestos supondrían el 71 % de los resultados, lo que supondría un desequilibrio financiero para la compañía.
Telefónica quiere abrir una vía de dialogo y no resolver el problema por la vía del contencioso.
Fuentes de Telefónica explicaron a EFE que su decisión de acudir a los tribunales (Sunat) fue por la falta de acuerdo en los impuestos, pero que están dispuestos a dialogar y a buscar una salida negociada al contencioso.
Este contencioso coincide con la renovación de la licencia de Telefónica en Perú, que habitualmente se produce de forma automática aunque la operadora estaría dispuesta a asumir por escrito compromisos de inversión.
La multinacional española ha manifestado al Gobierno peruano su interés por seguir apostando por este mercado en el que ha invertido 9.000 millones de euros y quiere seguir haciéndolo.
Telefónica entró Perú en 1994 cuando compró por 2.002 millones de dólares el 35 por ciento de las acciones del Estado en la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entelperú y ha ido reforzando su posición en años sucesivos, como con la compra de los activos de telefonía móvil de BellShout y ha participado en los concursos de licencias.
