LA INTERCEPTACIÓN DEBE SER PENADA, PERO LA DIFUSIÓN ES DECISIÓN DEL MEDIO




El titular del Consejo de la Prensa Peruana resalta el comportamiento del actual gobierno con la prensa y presenta alternativas a la llamada 'Ley Mordaza'.

Durante la campaña presidencial se realizó un evento sobre libertad de prensa en IPYS y usted fue uno de los más suspicaces con el señor Humala. ¿Mantiene su desconfianza?
Eso fue a propósito de que en su plan de gobierno decía que los medios de comunicación debían someterse a los valores de la democracia. Creo que el comportamiento del presidente Humala hasta este momento en el tema de libertad de expresión es inobjetable, y la señal más clara es que haya observado la ley aprobada por el Congreso que pretendía penalizar la difusión del material ilícitamente obtenido.

Sin embargo, ¿aún le queda un poco de temor?

Sucede que, desgraciadamente, el presidente Humala no tiene una trayectoria tan unívoca en política y tampoco un partido sólido, entonces siempre hay las dudas que las están confirmando, que tiene mucha capacidad de virar sus políticas. Si algún temor queda, es ese. Pero ojalá no cambie su posición frente a los medios.

Usted sería la mejor garantía del Consejo de la Prensa para mantener esa vigilancia…
No me considero garantía de nada, lo que ofrezco es trabajar en todo lo que esté a mi alcance para tener una relación fluida con el gobierno y reclamarle cada vez que corresponda.

El presidente del Congreso dijo que espera el proyecto alternativo a la ‘Ley Mordaza’ del Consejo de la Prensa, ¿para cuándo lo tendrán listo?

Nosotros venimos trabajando el tema hace tiempo en un marco más amplio, buscando la forma de encontrar el mejor tratamiento para los delitos de prensa. Una fórmula que proteja los derechos de los ciudadanos no solo en el tema de interceptación sino también en la difamación, calumnia, etc. sin que signifique una espada de Damocles para la prensa. Esperamos tener el texto en marzo.

El señor Daniel Abugattás ha dicho que teme que el proyecto final termine legalizando las interceptaciones ilegales…

Esa ha sido su posición en la conversación que tuvimos, pero nosotros tenemos una posición diametralmente opuesta. Creemos que una cosa es la interceptación y otra es la difusión. En la historia reciente del Perú las interceptaciones no se han hecho, principalmente, para ser difundidas en un medio de comunicación, el origen principal es, primero, espionaje industrial. Dos, probablemente la segunda cosa ha sido el espionaje entre rivales políticos. No es cierto que el origen fáctico del 'chuponeo' sea para servir a la prensa. No es correcto equiparar moralmente a la interceptación con la difusión, porque un chuponeador es una persona que deliberadamente va a obtener una información, hay un dolo, la vende o chantajea. Cómo puede ser comparado con periodistas que reciben de terceros esta información y emiten un juicio si la publica o no.

Pero, ¿debe ser penalizado?

Yo creo que no. Para ser claros, creemos que la interceptación debe ser sancionada sin la menor duda, pero la difusión es un acto que tiene que ver con una decisión periodística de hacer saber un hecho de corrupción o públicamente relevante.

Entonces, ¿qué pena debería recibir el periodista o medio que difunde un tema de la vida íntima sin interés público?

No tenemos una posición monolítica sobre eso, en el Consejo hace tiempo lo venimos discutiendo, hay quienes creen que en los delitos de prensa sí, en el extremo, deberían conllevar cárcel. A título personal, creo que no debería haber ningún delito de opinión que lleve a la cárcel. Creo más en una fórmula de responsabilidad civil.

Si la víctima de ese acto demuestra que se le infligió un daño y este es cuantificable, optaría por una indemnización pecuniaria.

¿Aún hay temores frente a la posición peruana respecto a la relatoría de libertad de expresión de la CIDH por los cambios que se están planteando?

Lo que pasa es que el planteamiento de modificaciones del Perú se mezcla con un pedido de Ecuador que quiere atacar la relatoría de libertad de expresión, por eso hablamos con el canciller y él nos confirmó que no es intención del gobierno peruano afectar ese ámbito porque no tienen ninguna objeción de cómo está funcionando. Eso nos ha dejado más tranquilos.

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