Magistrados aseguran que no sabían quiénes eran los titulares de números telefónicos interceptados. Galarreta responde que la escucha de sus conversaciones habría tenido otros objetivos más políticos y que duró más de dos días.
Para aclarar si se cumplió con la ley o si hubo alguna irregularidad o exceso al ordenar el 'chuponeo' legal de los teléfonos del congresista Luis Galarreta y de un grupo de periodistas, la Fiscalía de Control Interno y la Oficina de Control de la Magistratura investigarán al fiscal William Montes Malpartida y al juez Abel Pulido Alvarado.
El 28 de abril último, tres días después de la detención del periodista de Perú.21 Rudy Palma por hackeo ilegal de los correos de varios ministros, el fiscal Montes solicitó y logró que el juez Pulido autorice por 60 días la interceptación, escucha y grabación de llamadas de 21 números telefónicos y seis correos.
JUEZ Y FISCAL
Una decisión que al trascender al público y descubrirse que uno de los teléfonos intervenidos pertenece a un congresista y, entre otros, a periodistas de los diarios Perú.21 y Gestión, ha generado suspicacias en la prensa y la oposición.
A través de una nota de prensa, el Poder Judicial informó que el juez Pulido Alvarado autorizó el 'chuponeo' porque el fiscal fundamentó su solicitud en que las cuentas de correo y el teléfono celular asignado a Rudy Palma estarían siendo utilizados por éste, y otros supuestos integrantes de una "organización criminal", para coordinar actividades relacionadas con los delitos investigados.
Por su parte, el Ministerio Público precisó que el fiscal (William Montes), al momento de efectuar el pedido, desconocía la identidad de los titulares de dichas líneas telefónicas, y menos que alguna de ellas le perteneciera a un congresista de la República.
El Poder Judicial y la Fiscalía agregan que la solicitud y autorización tuvieron dos objetivos: 1) identificar a los titulares de las líneas telefónicas y recoger el récord histórico de llamadas entrantes y salientes, y 2) recolectar las comunicaciones en tiempo real, es decir, el 'chuponeo'.
Anotan que la escucha se sustentó en la Ley N° 27697, que otorga facultades al fiscal para la intervención y control de las comunicaciones y documentos privados en caso excepcional; y en la Ley N° 27379, que norma el procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
CONGRESISTA
Sobre el caso del congresista de Alianza por el Gran Cambio Luis Galarreta, la Fiscalía asegura que esta interceptación duró solo dos días, del sábado 28 hasta el lunes 30 de abril.
La República ha podido recoger información adicional entre el personal de la Fiscalía que ha revisado el expediente de este caso.
El fiscal William Montes, que dirige la Primera Fiscalía del Crimen Organizado que investiga el caso Rudy Palma, no está en Lima, por lo que no fue posible conocer su versión sobre lo que sucedió exactamente en la entrevista con Abugattás y Galarreta del 31 de abril.
William Montes viajó el último fin de semana a España para participar en una pasantía de capacitación, que él costea con sus ingresos y que estaba programada desde hace bastante tiempo.
"Se levantó la medida de escucha del teléfono de Galarreta mediante un acta fiscal porque no se obtuvo ninguna información relevante para el caso en dicho número y se necesitaba la línea para otros asuntos", precisaron en la Fiscalía.
Pero el congresista Galarreta y la oposición no creen esa versión (ver nota al lado). Según la Fiscalía, recién el 29 de abril la empresa Telefónica del Perú informó que uno de los números intervenidos pertenecía al Congreso de la República.
En tanto, según el atestado policial N° 071-2012-DIRINCRI-PNP/DIVINDAT-DID-E2, el 2 de mayo, cuando ya se había levantado la escucha, el Parlamento informó a la Fiscalía que se trataba de un número asignado al congresista Galarreta.
Esa misma información habría sido entregada personalmente al fiscal Montes por el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, en la diligencia que realizó en el hemiciclo el martes 31 de abril.
Además, la identidad de los periodistas se conoció después por las escuchas o la información de las empresas telefónicas. La Fiscalía también precisa que el plazo de 60 días es referencial, que se sigue en todos los casos, pero que se modifica de acuerdo con las necesidades y particularidades de cada investigación.
"Si pasados unos días no se obtiene nada relevante para la investigación, se levanta la escucha", afirman. La escucha de los 21 números telefónicos que autorizó el juez Pulido se levantó en los días y semanas siguientes y cesó definitivamente el 30 de mayo. Hoy no habría ningún 'chuponeado' en el caso Palma.
El juez autorizó una escucha telefónica para investigación preliminar, por lo que el 'chuponeo' cesó, dicen, cuando se formalizó la denuncia contra Palma y la jueza Lorena Alessi Janssen asumió jurisdicción en este caso.
HACKER CONFESO
Según los fiscales entrevistados por La República, sí había motivo para intervenir los teléfonos encontrados en la agenda de Rudy Palma. "El periodista había confesado que desde antes del 2010 se dedicaba a ingresar ilegalmente en la red de computadoras de diversos ministerios", precisaron.
"Por la cantidad y calidad de la información secreta a la que tuvo acceso Palma, y que el diario (Perú.21) dice que no utilizó, se sospecha que esa data tiene otro destino y había que actuar de inmediato para obtener alguna información relevante", agregaron.
Rudy Palma, detenido infraganti el 25 de abril y recluido actualmente en el penal Piedras Gordas II, es investigado por delito informático, revelación al público de secretos nacionales y violación de la correspondencia.
Junto a él también es investigada, ahora con comparecencia, la editora de la sección Economía del diario Perú.21, Gina Sandoval. Está pendiente de definir la situación de otro editor del mismo diario.
Palma confesó que ingresó ilegalmente a la red de computadoras de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de Economía y Finanzas, Defensa, de la Produccción, de Transportes y Comunicaciones, del Programa Juntos, Promperú y la presidencia del Consejo de Ministros.
Además, afirma que ingresó a los correos porque los ministros y demás funcionarios públicos fueron negligentes con sus claves de acceso, fáciles de adivinar, pero las autoridades aún no creen esa versión.
MARISOL ESPINOZA NIEGA QUE EL GOBIERNO PROPICIE INTERCEPTACIONES
La primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, negó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tengan interés en propiciar la interceptación de las comunicaciones del congresista de oposición Luis Galarreta para conocer temas más ajenos a la investigación al ex periodista de Perú.21 Rudy Palma.
“En la conferencia de prensa que ofrecieron han hecho referencia tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo. Quiero señalar que el gobierno del presidente Humala es extremadamente respetuoso de la independencia de los poderes y de la confidencialidad de las comunicaciones”, expresó la legisladora que está a cargo de la presidencia.
Agregó que ni el premier Óscar Valdés ni el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, tienen la capacidad o facultad para ordenar ningún tipo de interceptación.
Espinoza indicó que la Fiscalía ha hecho un control de las comunicaciones “bajo el estricto cumplimiento de la ley”, y que el gobierno sí ha sido víctima del periodista Rudy Palma.
“Estamos ante una investigación fiscal y esto es parte del proceso que está en curso. Al haberse hecho público (de que lo están interceptando) cuando todavía no ha terminado el plazo fiscalmente ya estaría viciado”, expresó la representante nacionalista por Piura.
CLAVES
Fiscal
El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, afirmó que desconocía, al igual que el Fiscal de la Nación, las diligencias que realizaba el fiscal Montes. "Un fiscal provincial tiene plena autonomía en su investigación, pero para aclarar cualquier duda se ha pedido una investigación", anotó Chávez.
Juez
Lo mismo afirman en el despacho del presidente del Poder Judicial, César San Martín.
